Desde el día de hoy se puede solicitar la nueva asistencia de 2015 de 426 euros para parados de extendida duración

Desde hoy, 15 de Enero de 2015, los parados de larga duración que tenga cargas familiares podrán pedir la novedosa asistencia aprobado por el Gobierno en las áreas de trabajo de Servicio de Empleo (SEPE).

Se trata de un programa específico y extraordinario de carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de extendida duración con el objetivo de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo y una asistencia económica de acompañamiento de 426 euros (80% IPREM) que fue aprobado y publicado en el boe el pasado 20 de diciembre de 2014.

Artículo 2: ¿Quién puede soliciar esta nueva asistencia?

Se va a poder beneficiarse de esta asistencia quienes pida la ayuda entre el 15 de enero de 2015 y 15 de abril de 2016 y que cumplas las siguientes condiciones:

  • Haber pasado al menos 6 meses desde el agotamiento de alguna de las próximas ayudas o posibilidades (si fue extinguido por sanción o baja imputable al beneficiario no está en su derecho a esta asistencia):
  • Estar inscrito como demandante de empleo a fecha 1 de diciembre de 2014.
  • Haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante 360 días en los dieciocho meses en el instante anteriores a la fecha de la solicitud de incorporación al programa.
  • Carecer del derecho a la protección contributiva o asistencial por desempleo, o a la renta activa de inserción.
  • Haber cesado de forma involuntaria en un trabajo por cuenta extraña previamente al agotamiento del último derecho de los contemplados el el primer punto. Además, si se hubiese trabajado tras el agotamiento de tal derecho, haber cesado de manera involuntaria en el último trabajo realizado.
  • Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en balance por mes al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional (486,45 euros en 2015).
  • Acreditar responsabilidades familiares.
  • En el caso de que tras el agotamiento de ciertas posibilidades o bien ayudas dentro en el primer punto, se hubiese percibido cualquier clase de rentas mínimas, salarios sociales o bien ayudas análogas de asistencia social concedidas por cualquier Administración Pública, deberán haber pasado por lo menos 6 meses desde la finalización de la percepción de estas rentas antes de la aprobación de este programa.
  • Cumplir con las obligaciones de activación previstas en el siguiente punto.

A efectos del acceso al programa no se considerará desempleado a quien en la fecha de solicitud de incorporación al mismo se encuentre trabajando por cuenta extraña a tiempo parcial.

Artículo 3 ¿Cuáles son las obligaciones de activación?

Para su incorporación y mantenimiento en el programa, la gente desempleadas deberán cumplir las próximas obligaciones:

a) Suscribir en el instante de la solicitud un deber de actividad en virtud del que efectuarán las diferentes actuaciones favorecedoras de su inserción laboral que se acuerden por los Servicios Públicos de Empleo, o bien por sus entidades colaboradoras conforme a lo pensado en el artículo 6, tal como:

1.ª Aceptar la colocación correcta que les sea ofrecida por los Servicios Públicos de Empleo o bien por las agencias de colocación cuando desarrollen ocupaciones en el campo de colaboración con aquellos a lo largo de la participación en el programa. A estos efectos se comprenderá por colocación adecuada la regulada en el artículo 231.3 del artículo refundido de la Ley General de Seguridad Popular.

2.ª Renovar la demanda de empleo en la forma y fechas en que se determine en el archivo de renovación de la demanda y comparecer, en el momento en que hayan sido antes requeridos, ante el Servicio Público de Empleo Estatal, los Servicios Públicos de Empleo o bien las agencias de colocación en el momento en que desarrollen ocupaciones en el campo de colaboración con esos.

3.ª Hacer llegar, en el momento en que se generen, las variantes de renta, patrimonio o bien de la unidad familiar, tal como las situaciones que puedan ofrecer sitio a incompatibilidad con la ayuda.

4.ª Restituir las ayudas indebidamente percibidas.

5.ª Facilitar a los Servicios Públicos de Empleo o, en su caso, a las agencias de colocación en el momento en que desarrollen actividades en el campo de colaboración con aquellos, en el plazo de cinco días, el correspondiente justificante de haber comparecido en el sitio y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por los mismos.

6.ª Acreditar durante la vigencia del programa y en el momento en que de este modo les sea requerido por el Servicio Público de Empleo competente, la búsqueda activa de empleo.

7.ª Proveer la documentación e información precisa para la incorporación y mantenimiento en el programa y hacer llegar a los Servicios Públicos de Empleo y al Servicio Público de Empleo Estatal, el domicilio y, en su caso, el cambio del hogar, facilitado a efectos de notificaciones, en el instante en que este se produzca.

8.ª Autorizar que los Servicios Públicos de Empleo comuniquen la condición de beneficiario del programa y de la asistencia económica a las agencias de colocación que desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con los mismos, así como a las empresas que lo pidan.

9.ª Informar a las compañías de su condición de solicitante o beneficiario del programa cuando hagan actuaciones de búsqueda activa de empleo o bien cuando celebren con estas contratos de trabajo.

b) Acreditar ante el Servicio Público de Empleo Estatal que a lo largo del plazo de un mes desde la presentación de la aprobación realizaron, cuando menos, tres acciones de búsqueda activa de empleo (BAE). La acreditación se realizará dentro de los diez días hábiles siguientes al transcurso del citado plazo de un mes.

Se considerarán actuaciones de BAE todas las próximas:

1.ª Trabajo por cuenta propia o ajena.

2.ª Envío o bien presentación de currículos en, al menos, tres empresas distintas.

3.ª Realización de, cuando menos, una entrevista de trabajo.

4.ª Inscripción en, cuando menos, una agencia de colocación.

5.ª Inscripción como solicitante de empleo en, al menos, dos portales de empleo públicos o bien privados.

6.ª Presentación, cuando menos, a una oferta de empleo gestionada por los Servicios Públicos de Empleo.

7.ª Cualesquiera otras ofertadas por los Servicios Públicos de Empleo y específicamente acciones formativas o bien acciones de información y actuaciones dirigidas al autoempleo y emprendimiento.

c) Formar parte en las acciones de optimización de la empleabilidad y búsqueda activa de empleo, previstas en el itinerario individual y personalizado de empleo que, con carácter previo al inicio del programa, les haya sido asignado por los Servicios Públicos de Empleo. Este itinerario se asignará en el período de un mes desde la solicitud de acuerdo con lo pensado en el artículo 6.

Sin embargo, si el Servicio Público de Empleo no hubiese podido efectuar el itinerario en el citado plazo de un mes, a fin de que la aprobación de admisión al programa sea aprobada, este itinerario va a deber hacerse siempre antes del transcurso de los tres meses de período que tiene el Servicio Público de Empleo Estatal para solucionar la solicitud, según lo indicado en el artículo 4.3.

Artículo 4. Aprobación e incorporación al programa.

1. Para ser admitidos en el programa y obtener el reconocimiento de la ayuda económica de acompañamiento prevista en el artículo 7, la gente desempleadas van a deber enseñar la aprobación de incorporación al programa entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016.

La aprobación deberá presentarse, con arreglo al modelo que se determine, en la oficina de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal que sea correcto a la persona desempleada.

La aprobación deberá acompañarse de la documentación acreditativa de que se reúnen los requisitos recogidos en el artículo 2 y contendrá el compromiso de actividad que deberá suscribirse por el solicitante.

2. Una vez comprobado por el Servicio Público de Empleo Estatal que se cumplen los requisitos de acceso recogidos en el artículo 2, se notificará al solicitante de que, para seguir a su admisión al programa y al abono de la asistencia económica correspondiente, va a deber acreditar haber llevado a cabo las acciones de la BAE en los términos establecidos en el artículo 3, así como tener asignado un itinerario individual y personalizado de empleo, en los términos establecidos en los artículos 3 y 6.2.

Asimismo, se dará traslado de la aprobación al Servicio Público de Empleo competente a los efectos de que comience las actuaciones necesarias para el diagnóstico del perfil del solicitante, la elaboración del itinerario individual y personalizado de empleo y la asignación de un tutor individual, en los términos establecidos en el artículo 6.

3. Una vez se haya acreditado la BAE y asignado al trabajador el itinerario individual y personalizado de empleo, así como el tutor individual, el Servicio Público de Empleo Estatal dictará resolución reconociendo la incorporación del trabajador al programa, lo que implicará su derecho a la percepción de la asistencia económica y la posibilidad, en su caso, de compatibilizarla con el trabajo en los términos previstos en el artículo 8. El Servicio Público de Empleo Estatal resolverá la aprobación en el período máximo de los tres meses siguientes a la fecha en que esta se hubiera presentado. Transcurrido el período sin que se haya dictado resolución expresa se entenderá que la aprobación ha sido desestimada por silencio administrativo.

4. Contra la resolución adoptada por el Servicio Público de Empleo Estatal podrá interponerse reclamación anterior a la vía jurisdiccional social en el plazo de treinta días desde la notificación de la misma.

Artículo 5. Baja y reincorporación al programa y a la ayuda económica.

1. Causarán baja definitiva en el programa, dejando de percibir la correspondiente asistencia económica, los adjudicatarios en los que concurra alguna de las próximas circunstancias:

a) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso de actividad y que se concretan en el itinerario individual y personalizado de empleo, salvo causa justificada.

b) No comparecer, previo requerimiento, frente al Servicio Público de Empleo Estatal o bien ante los servicios públicos de empleo, no actualizar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el documento de renovación de la demanda o bien no devolver en plazo a los Servicios Públicos de Empleo el correspondiente justificante de haber comparecido en el sitio y fecha indicados para contemplar las ofertas de trabajo facilitadas por dichos servicios o bien las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos, salvo causa justificada.

c) No acreditar búsqueda activa de empleo en los términos establecidos en el artículo 3, cuando sea requerido por los Servicios Públicos de Empleo.

d) Negar una oferta de colocación correcta que le sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o bien por agencias de colocación cuando desarrollen ocupaciones en el campo de colaboración con aquellos.

e) Rechazar la participación en programas de empleo, acciones de promoción, capacitación o bien reconversión profesional, que determinen los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos.

f) Provocar baja voluntaria en el trabajo al que se acceda durante el programa.

g) Trabajar por cuenta extraña a tiempo completo o bien parcial, por un periodo de tiempo igual o superior a 90 días, en el momento en que la compañía no proceda a descontar del salario que legal o de manera convencional sea correcto al trabajador la asistencia económica que este perciba, de conformidad con lo sosprechado en el artículo 8.

h) Trabajar por cuenta propia por un periodo mayor a 180 días.

i) Entrar a una prestación por desempleo, subvención por desempleo o renta agraria, o bien conseguir otras pensiones, posibilidades o bien ayudas sociales.

j) Dejar de reunir el requisito de carencia de rentas o de responsabilidades familiares contemplado en el artículo 2, salvo lo pensado en el apartado siguiente.

k) El traslado al extranjero, a menos que sea correcto a actuaciones contempladas en el itinerario individual y personalizado de empleo y haya sido autorizado por el tutor asignado en el Programa.

l) La renuncia facultativa al programa.

m) Conseguir o mantener inadecuadamente la percepción de la asistencia económica.

2. Causarán baja temporal en el programa, dejando de percibir durante el periodo de baja la correspondiente asistencia económica,los adjudicatarios en los que concurra alguna de las situaciones siguientes:

a) El trabajo por cuenta ajena a tiempo completo o bien parcial por un periodo inferior a 90 días, en el momento en que la empresa no proceda a descontar del salario que legal o bien de manera convencional corresponda al trabajador la asistencia económica que este perciba, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.

b) Trabajar por cuenta propia por un periodo inferior a 180 días.

c) La pérdida del requisito de rentas o bien responsabilidades familiares contemplado en el artículo 2, por un periodo inferior a 180 días.

3. Producida la baja temporal en el programa y en la ayuda por las causas previstas en el apartado anterior, se va a poder reconocer el derecho a la reincorporación al mismo toda vez que se solicite dentro del plazo de aprobación pensado en el artículo 4.1 y se acredite cumplir los requisitos establecidos en las letras d) y f) del artículo 2, tal como, en su caso, haber cesado en el trabajo por cuenta ajena acreditando situación legal de desempleo. La reincorporación exigirá la anterior inscripción como demandante de empleo y reactivación del deber de actividad.

El período de tiempo a lo largo del que el trabajador se halle en situación de baja temporal en el programa, sin percibir la asistencia económica, según lo pensado en el apartado 2 de este artículo, no se computará a efectos del período de duración de la asistencia.

4. Las bajas y las reincorporaciones al programa se resolverán por el Servicio Público de Empleo Estatal y se comunicarán a los Servicios Públicos de Empleo eficientes a los efectos que correspondan en relación con la continuidad, o no, de las diferentes acciones de inserción laboral previstas en el artículo 6.

5. La tramitación de las bajas en el software en los supuestos previstos en los párrafos a), b), c), d), y también) h), i) y k) del apartado 1 podrá iniciarse desde el momento en que se disponga de información sobre el incumplimiento de ciertas obligaciones o bien desde que se detecten irregularidades en la ejecución del programa. Como consecuencia de ello, se cursará una baja cautelar en el programa y se dará audiencia al entusiasmado a fin de que, en el plazo de 15 días, formule por escrito las alegaciones que considere oportuno. Transcurrido dicho plazo se adoptará, en los 15 días siguientes, la resolución que sea correcto.

Contra la resolución que dicte el Servicio Público de Empleo Estatal podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional popular en los términos previstos en el artículo 4.4.

6. Los adjudicatarios que hayan percibido indebidamente la ayuda económica de acompañamiento van a venir obligados a restituir su importe. La exigencia de la devolución se efectuará conforme a lo establecido para las posibilidades por desempleo en el artículo 227 del artículo refundido de la Ley General de la Seguridad Popular y en su normativa de avance.

Artículo 6. Desarrollo del programa en temas de activación para el empleo.

1. El programa tendrá por objeto la activación y la inserción laboral de sus adjudicatarios y se podrá entrar al mismo una sola vez.

2. Con carácter previo a la admisión en el software, el Servicio Público de Empleo competente asignará al beneficiario un tutor individual que realizará el itinerario individual y personalizado de empleo en el período de un mes desde la aprobación de la admisión al programa, desde una entrevista individualizada que permita efectuar un diagnóstico previo del perfil del trabajador.

3. El tutor será el responsable de la elaboración, en su caso, y rastreo del itinerario, de proponer las medidas de activación necesarias para posibilitar la inserción laboral del trabajador, tal como del control de las que sobran obligaciones adquiridas en el compromiso de actividad. En particular, el tutor será el encargado de gestionar los servicios y programas de orientación e intermediación y de capacitación profesional necesaria para la inserción laboral, tal como de efectuar un seguimiento individualizado de las colocaciones que se generen durante la vigencia del programa.

El beneficiario deberá hacer llegar al tutor las probables contrataciones que realice conforme a la compatibilidad sosprechada en el artículo 8.

4. La información relativa a los servicios o bien programas que configuren el itinerario individual y personalizado de empleo se tienen que recoger en el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo en el plazo máximo de un mes desde que se hubiesen iniciado.

5. Las medidas de activación tendrán en cuenta las tendencias actuales del mercado de trabajo y las pretensiones formativas del beneficiario. También van a deber contemplar la atención a las empresas, sus necesidades de contratación, el tipo de concretes profesionales que precisen, la búsqueda y propuesta de aspirantes mediante sondeos entre los participantes en el programa, y el seguimiento de las contrataciones llevadas a cabo.

6. Los Servicios Públicos de Empleo comunicarán al Servicio Público de Empleo Estatal:

a) La identidad del tutor individual que se asigne al solicitante del programa, los trayectos que se elaboren, y las colocaciones que se realicen durante la vigencia de los itinerarios, tal como su rastreo. Los recorridos deberán ser comunicados justo después de su elaboración.

b) El incumplimiento de alguno de las obligaciones contraídas en el momento de la aprobación de incorporación al programa, así como del cuidado de la inscripción como demandante de empleo, la participación eficaz en el itinerario individual y personalizado de empleo y la búsqueda activa de empleo.

Artículo 7. Ayuda económica de acompañamiento.

Una vez dictada por el Servicio Público de Empleo Estatal la resolución de admisión al programa y de reconocimiento de la asistencia económica de acompañamiento, en los términos previstos en el artículo 4.3, los adjudicatarios van a poder sentir una ayuda económica de acuerdo con lo establecido en los siguientes párrafos:

a) La duración máxima de la asistencia económica será de seis meses, más allá de que las acciones de inserción previstas en el software tienen la posibilidad de seguir realizándose con posterioridad a este plazo.

b) La cuantía de la ayuda va a ser igual al 80 por ciento del indicio público de rentas de efectos múltiples por mes vigente en cada instante.

c) Los efectos económicos del reconocimiento de la asistencia económica se generarán desde el día después al transcurso del período de un mes a contar desde el día de la presentación de la solicitud de incorporación al programa, siempre y cuando el solicitante acredite, en los diez días hábiles siguientes a la finalización del periodo señalado, que a lo largo del mismo ha realizado la BAE en el tiempo y forma establecidos en el artículo 3, y que le ha sido asignado por el Servicio Público de Empleo competente el itinerario individual y personalizado de empleo.

Si pasado el mencionado periodo de un mes no se hubiese elaborado el itinerario individual y personalizado de empleo por el Servicio Público de Empleo competente, los efectos económicos de la asistencia solo se producirán a partir de la fecha en que quede acreditado que el solicitante tiene asignado dicho itinerario, en los términos establecidos en el artículo 3.

d) El pago periódico de la asistencia económica se realizará por el Servicio Público de Empleo Estatal en el mes siguiente al que corresponda el devengo.

Artículo 8. Compatibilidad e incompatibilidad de la ayuda económica de acompañamiento.

1. Una vez aprobado en el software, la asistencia económica va a ser coincidente con:

a) Las ayudas de algún naturaleza que se pudieran obtener por la asistencia a acciones de formación profesional para el empleo.

b) El trabajo por cuenta extraña, a tiempo completo o parcial y de duración indefinida o temporal, hasta un máximo de cinco meses, toda vez que el mismo se desarrolle en empresas o entidades que no formen parte del sector público, de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2. En el supuesto pensado en el apartado 1.b) el trabajador mantendrá la percepción de la asistencia económica a lo largo de la vigencia del contrato por el tiempo que le reste por sentir aquella hasta un máximo de cinco meses.

Durante este tiempo, el empresario descontará la cuantía de la ayuda económica del importe del salario que corresponda sentir al trabajador legal o bien convencionalmente. En el supuesto de contratación a tiempo parcial, la cuantía de la asistencia económica a descontar del importe del salario va a ser proporcional al mismo tiempo efectivamente trabajado. Sin embargo lo previo, el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo tanto de indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo como de bases de cotización a la Seguridad Social será el que, legal o convencionalmente, correspondiera al trabajador.

Para la aplicación de la compatibilidad, el trabajador deberá enseñar frente la compañía un documento acreditativo del periodo y cuantía de la ayuda económica conocida, siendo válida a estos efectos la resolución adoptada por el Servicio Público de Empleo Estatal reconociendo la admisión al programa y el pago de la ayuda.

3. A esta contratación, le van a ser de aplicación las bonificaciones o bien reducciones en las cuotas a la Seguridad Social que correspondan según la regulación vigente siempre y cuando el contrato festejado cumpla los requisitos establecidos en todos y cada caso. Sin embargo, la cuantía de la ayuda económica a descontar del importe del salario, en concurrencia con medidas de apoyo público distintas de las citadas bonificaciones o reducciones en las cuotas a la Seguridad Popular, no va a poder sobrepasar el 80 % del coste salarial anual correspondiente al contrato que se hubiese formalizado, sin integrar las cuotas a la Seguridad Social.

En el caso de extinción del contrato antes de finalizar la participación del beneficiario en el programa, y siempre y cuando no se reúnan los requisitos de ingreso a una prestación contributiva o bien subvención por desempleo, el trabajador deberá comunicar la citada extinción del contrato a la oficina de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en los quince días siguientes a exactamente la misma, y reactivar el compromiso de actividad para mantener la participación en el software y la percepción por el tiempo que reste de la ayuda económica de acompañamiento.

4. La ayuda económica va a ser incompatible con:

a) La obtención de rentas de algún naturaleza que hagan sobrepasar los límites establecidos, en los términos fijados en el artículo 2, sin que se computen a esos efectos las rentas que provengan de acciones o trabajos compatibles con la percepción de la renta.

b) La percepción de posibilidades o bien subsidios por desempleo, o de la renta agraria.

c) La percepción de pensiones o bien posibilidades de carácter económico de la Seguridad Social que sean incompatibles con el trabajo.

d) La realización simultánea de trabajo por cuenta propia o por cuenta extraña, a tiempo terminado o bien parcial, salvo cuando sea coincidente según lo establecido en el apartado 1.b).

y también) La percepción de cualquier género de rentas mínimas, salarios sociales o bien ayudas equivalentes de asistencia social concedidas por las Gestiones Publicas.

Artículo 9. Financiación.

1. La financiación de la asistencia económica obtenida en el artículo 7 se incluirá en la acción protectora por desempleo y se efectuará con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.

2. La financiación del diseño, asignación y rastreo del itinerario individual y personalizado de empleo, así como las acciones de inserción incluidas en el programa de activación para el empleo, se realizarán con cargo a los presupuestos de las respectivas comunidades autónomas.

3. Las comunidades autónomas utilizarán en la ejecución de este programa, las cantidades procedentes del presupuesto de costos del Servicio Público de Empleo Estatal que les sean asignadas como consecuencia de los criterios aprobados en la respectiva Charla Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 2015, en los términos dispuestos en las reglas o convenios que fijen, entre otras cuestiones las condiciones de gestión de estos fondos según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

4. Sin perjuicio de lo citado en el apartado previo, las comunidades autónomas podrán asignar recursos propios adicionales para financiar la correcta administración del programa de activación y también inserción para el empleo.

Disposición adicional primera. Obligaciones de información.

1. A fin de garantizar el correcto funcionamiento de este programa y asegurar exactamente las mismas posibilidades de ingreso a sus potenciales adjudicatarios, se permite al Servicio Público de Empleo Estatal para desarrollar el trámite de concesión y pago de las ayudas, de esta forma como para establecer los mecanismos precisos de coordinación e trueque de información con los Servicios Públicos de Empleo tal como con las agencias de colocación cuando actúen en colaboración con aquellos.

2. De igual modo, los Servicios Públicos de Empleo competentes arbitrarán las medidas necesarias con la intención de informar en todo instante a las empresas y agencias de colocación que lo soliciten sobre los adjudicatarios de este programa a los efectos de beneficiar su inserción laboral.

3. En las situaciones de contratación de adjudicatarios del programa que compatibilicen la ayuda económica de conformidad con lo pensado en el artículo 8, el empresario notificará sobre esta circunstancia en el instante de comunicación de la contratación.

Predisposición agregada segunda. Distribución de competencias.

1. Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, por medio de sus direcciones provinciales, la gestión y el pago de la ayuda económica sosprechada en el software de activación. La gente sucesos de las direcciones provinciales, deberán dictar resolución que reconozca o deniegue el derecho a la admisión al programa, tal como resolver las bajas y las reincorporaciones al mismo.

Las resoluciones dictadas van a ser recurribles frente a los órganos jurisdiccionales del orden popular, anterior reclamación ante dicho organismo, en la manera prevista en el artículo 71 de Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción popular.

Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal efectuará el pago de la ayuda prevista en el artículo 7, el control de requisitos y también incompatibilidades, la exigencia de la devolución de las cantidades inapropiadamente percibidas, tal como las compensaciones en las prestaciones por desempleo o bien en la renta activa de inserción de las proporciones indebidamente percibidas por cualquiera de estas percepciones, todo ello en exactamente los mismos términos fijados para las prestaciones por desempleo.

El Servicio Público de Empleo Estatal será también competente para desarrollar las acciones de mejora de la empleabilidad del campo de las políticas activas de empleo que hayan de ser financiadas a cargo de los créditos específicamente autorizados, por la Ley anual de Capitales Generales del Estado, en su estado de gastos como reserva de gestión directa, de conformidad con lo predeterminado en el artículo 13.h) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

2. Las comunidades autónomas, que han asumido el traspaso de la gestión efectuada por el obsoleto Instituto Nacional de Empleo, de hoy Servicio Público de Empleo Estatal, en el campo del trabajo, el empleo y la capacitación, serán competentes para asignar el itinerario individual y personalizado de empleo y las acciones de mejora de la empleabilidad para la realización de este programa, de conformidad con lo previsto en los reales decretos de traspaso.

3. El Instituto Social de la Marina ejercerá las competencias atribuidas al Servicio Público de Empleo Estatal relativas a la gestión del programa de activación cuando se coloque a los desempleados procedentes del Régimen Particular de la Seguridad Popular de los Trabajadores del Mar.

Disposición agregada tercera. Evaluación.

Con el fin de analizar los resultados que se consiguieron por el programa, se procederá a una evaluación del mismo, tres meses antes de la fecha de finalización de su vigencia, para determinar la eficacia del Programa y, en su caso, determinar la necesidad de articular su continuidad o de efectuar cualquier tipo de adaptación. Esta evaluación se realizará de manera conjunta entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las autoridades competentes de las comunidades autónomas y los interlocutores sociales.

Asimismo, en el año 2016, los desenlaces de esta evaluación se van a tener presente para la asignación de fondos procedentes del presupuesto de costos del Servicio Público de Empleo Estatal entre las distintas comunidades autónomas, en los términos que se acuerden en la respectiva Conferencia Sectorial de Empleo y Temas Laborales.

Predisposición agregada cuarta. Exoneración del pago de cuotas en supuestos de fuerza mayor para beneficiar el cuidado del empleo.

1. Las empresas que, anterior resolución de la autoridad laboral, acuerden la suspensión de contratos de trabajo o la reducción de día por causa de fuerza mayor podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Popular una exoneración de hasta el 100 por cien del pago de la aportación empresarial sosprechada en el artículo 214.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, mientras que concurran las próximas situaciones:

a) Que la causa de fuerza más grande derive de hechos aciagos naturales, indecifrables o bien que habiendo sido previstos fueran inevitables, como terremotos, maremotos, incendios, crecidas de agua, plagas, detonaciones, tormentas de viento y mar, toda vez que supongan la destrucción total o parcial de las instalaciones de la compañía o bien centro de trabajo, impidiendo la continuidad de la actividad laboral para los trabajadores damnificados.

b) Que sea acreditado, a través de informe preceptivo de la Dirección Particular de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pedido por la Tesorería General de la Seguridad Popular, que la fuerza mayor reúne las características nombradas en la letra anterior. Este informe se sabe sin perjuicio del demandado de conformidad con lo pensado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y su normativa de desarrollo.

c) Que las empresas se hallen al tanto en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Popular y justifiquen los daños sufridos, la imposibilidad de seguir la actividad laboral y las pérdidas de actividad derivadas de manera directa del supuesto de fuerza más grande.

d) Que las empresas, al mismo tiempo de producirse el hecho de carácter catastrófico, hubieran tenido asegurados los recursos imprescindibles para realizar la actividad productiva afectada por la fuerza mayor.

y también) Que las compañías se comprometan a efectuar, mientras dure la exoneración, la reinversión que se requiere para el restablecimiento de las actividades perjudicadas por la causa de fuerza más grande. Para contrastar el cumplimiento de este deber, la Tesorería General de la Seguridad Popular podrá necesitar el consejos e reportes técnicos que correspondan.

f) Que las compañías se comprometan a mantener en el empleo, durante el año posterior a la finalización de la suspensión o reducción, al 100 por cien de los trabajadores damnificados por la suspensión de contrato o bien la reducción de jornada, excluidos los trabajadores recolocados en otros centros de trabajo.

2. La resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social va a deber señalar el porcentaje de exoneración que se reconozca. Las circunstancias a tener en cuenta para fijar dicho porcentaje serán, por ejemplo, la coyuntura económica de la empresa, el encontronazo económico de la fuerza más grande sobre otras compañias auxiliares de la afectada, las perspectivas de cuidado y creación de empleo a medio y film plazo, así como el porcentaje de trabajadores sin definir de su plantilla.

3. La exoneración a las compañías del pago de las cuotas empresariales de la Seguridad Social a que tiene relación esta disposición va a tener una duración máxima de 12 meses a partir de la resolución de reconocimiento que dicte la Tesorería General de la Seguridad Social.

Cuando dentro del período de 12 meses señalado en el párrafo anterior se extinguiera algún contrato temporal por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o bien servicio objeto del contrato, las empresas podrán proseguir beneficiándose de la exoneración para estos contratos por el tiempo que reste hasta los 12 meses siempre que suscriba con el trabajador afectado por la extinción un contrato por tiempo indefinido.

La Tesorería General de la Seguridad Social, anterior solicitud de la empresa, va a poder prorrogar la exoneración conocida a las empresas por otros 12 meses siempre que resulte acreditado tanto que la compañía sigue cumpliendo los requisitos que concluyeron el reconocimiento inicial de la exoneración, como que ha puesto en marcha los compromisos comprados en cuanto a la necesaria reinversión en la compañía y el cuidado en el empleo de los trabajadores damnificados por la suspensión o bien reducción.

4. Las compañías que infrinjan los compromisos demandados por las letras e) y f) del apartado 1 deberán restituir el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas con el recargo y los intereses de demora que corresponden, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, y esto sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

No se considerará infringida la obligación de mantenimiento en el empleo en el momento en que el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad persistente total, absoluta o bien gran invalidez del trabajador. En caso de que se trate de contratos temporales, no se considerará infringida la obligación de cuidado en el empleo en el momento en que el contrato de trabajo se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o bien servicio objeto del contrato.

5. Lo dispuesto en este real decreto-ley va a ser aplicable a las peticiones de exoneración que se muestren desde su entrada en vigor. En ningún caso se reconocerá la exoneración en el momento en que haya pasado más de 3 meses entre la fecha en que haya tenido sitio el acontecimiento increíble de fuerza mayor y la solicitud.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7.ª y 13.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, y las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.

Predisposición final segunda.

Modificación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

El apartado 2 de la disposición transitoria octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, queda redactado en los próximos términos:

«2. En los contratos para la capacitación y el aprendizaje que se suscriban hasta el 30 de junio de 2015, en los supuestos en que no permanezca título de formación profesional o certificado de experiencia relacionados con el trabajo efectivo a efectuar, o centros formativos accesibles para su impartición, la actividad formativa inherente a estos contratos va a estar constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas, accesible para su consulta en las webs del Servicio Público de Empleo Estatal www.sepe.es y en las de los Servicios Públicos de Empleo que corresponden de las Comunidades Autónomas, para las ocupaciones o bien especialidades que se relacionan con la actividad laboral contemplada en el contrato; en su defecto, va a estar constituida por los contenidos formativos ciertos por las empresas o comunicados por estas al Servicio Público de Empleo Estatal, a los efectos de su validación en el marco del Sistema Nacional de Empleo. Por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se va a poder agrandar el período antes señalado hasta el 31 de diciembre de 2015.»

Predisposición final tercera.

Modificación del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales pretensiones económicas y dificultad para encontrar empleo.

Uno. La letra b) del apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con destacables pretensiones económicas y contrariedad para localizar empleo, queda redactada como sigue:

«b) Ser demandante de empleo anotado sin pausas como desempleado en la oficina de empleo durante 12 o más meses. A estos efectos, se considerará interrumpida la demanda de empleo por haber trabajado un periodo acumulado de 90 o más días en los 365 precedentes a la fecha de solicitud de incorporación al programa.

Durante la inscripción como demandante de empleo a que se refiere el párrafo anterior deberá buscarse activamente empleo, sin haber rechazado oferta de empleo correcta ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, capacitación o bien reconversión expertos o bien otras para incrementar la ocupabilidad.

En el momento de la solicitud se va a deber acreditar haber llevado a cabo a lo largo del periodo de inscripción antes correcto acciones de búsqueda activa de empleo en la forma que se determine reglamentariamente. Mientras se genere ese desarrollo normativo se acreditarán de la manera establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.

La salida al extranjero pausa la inscripción como demandante de empleo a estos efectos.

No se considerará interrumpida la inscripción cuando el solicitante acredite que la salida al extranjero se ha producido por matrimonio o bien nacimiento de hijo, fallecimiento o bien enfermedad grave del cónyuge o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o bien por el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, y toda vez que la estancia haya sido igual o bien inferior a 15 días.

De igual modo, tampoco interrumpirá la inscripción la salida a países del Espacio Económico europeo y Suiza para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, y siempre que la estancia sea inferior a 90 días.

En los supuestos en que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un periodo de 12 meses ininterrumpido desde la novedosa inscripción.»

Dos. El Gobierno podrá modificar, a través de real decreto, lo predeterminado en el apartado anterior.

Disposición final cuarta.

Modificación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se lleva a cabo la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo.

El Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se lleva a cabo la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, queda redactado del siguiente modo:

Uno. La letra c) del apartado 1 del artículo 32 queda redactada como sigue:

«c) Transcurrido dicho período, si tenga existencia compromiso, se dictará resolución señalando la cuantía de la prestación y el alcance de la compromiso del empresario o de los empresarios, debiendo hacer efectivo el importe de la prestación en el período de treinta días, contados desde la notificación de la resolución. Si no se reintegrara la deuda en dicho plazo se aplicará lo predeterminado en el artículo 69 y siguientes del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, tal como lo predeterminado en el artículo 39 y siguientes de dicho Reglamento cuando el moroso sea una entidad pública.»

Dos. El apartado 2 del artículo 33 queda redactado como prosigue:

«2. El trabajador dispondrá de un plazo de treinta días, desde la notificación de la resolución, para reintegrar la cuantía de la prestación o bien subsidio inapropiadamente percibidos. Transcurrido dicho período, sin que haya sido logrado el reintegro de la deuda, en los casos en los que no se logre utilizar la compensación o bien descuento según contempla el artículo 34 siguiente, o bien en el momento en que, procediendo esa compensación o bien descuento, no hubiera sido viable cancelar la deuda en su totalidad, se aplicará lo establecido en el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.»

Tres. El Gobierno podrá modificar, a través de real decreto, lo establecido en los apartados anteriores.

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda cambiada como sigue:

Uno. Se elimina la letra c) del apartado 4 del artículo 21 bis.

2. El apartado 5 del artículo 21 bis queda redactado en los próximos términos:

«5. Las agencias de colocación van a poder ser consideradas entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo, con el alcance previsto en las reglas de avance de esta Ley.

El instrumento jurídico en que se articule esta colaboración va a deber regular los mecanismos de comunicación por parte de las agencias de colocación de los incumplimientos de las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y adjudicatarios de prestaciones por desempleo previstas en el artículo 231.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.»

Predisposición final sexta. Facultades de avance.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para dictar las disposiciones que sean exactas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.

Asimismo, se faculta a la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo de este real decreto-ley.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día después al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, las disposiciones relacionadas al programa de activación para el empleo regulado por este real decreto-ley producirán efectos desde el 15 de enero de 2015.

La predisposición final cuarta producirá efectos en la fecha de suscripción del concierto entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Tesorería General de la Seguridad Popular que regule la colaboración en materia de recaudación en vía de apremio de las posibilidades inapropiadamente percibidas por los trabajadores y aquellas otras de cuyo pago sean responsables las empresas.

Artículos relacionados:

Deja un comentario

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad